La Plataforma de Bailén por la Defensa del Sistema Público de pensiones nos sumamos a la jornada de lucha convocada a nivel estatal el lunes 25 de enero por el movimiento unitario de pensiones a pesar de las graves circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 para visualizar que seguimos en lucha por una pensiones dignas y la consecución de aquellas reivindicaciones que aún no se han conseguido para que se vean plasmadas en leyes progresistas que favorezcan a la mayoría social trabajadora y pensionistas.

Pensamos que las recomendaciones adoptadas en el seno de la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y Valoración de los Pactos de Toledo, aun no siendo las nuestras, suponen un avance positivo, fruto sin duda de la movilización, siendo un paso fundamental para la consolidación del Sistema Público de Pensiones y su sostenibilidad financiera.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo vienen a recoger no solo acuerdos programáticos del gobierno de coalición sino también bastantes de las reivindicaciones que han movilizado a los colectivos de pensionistas y a los sindicatos de clase durante los últimos años como:
La garantía y la necesidad de regular por Ley la revalorización de las pensiones en base al IPC real para mantener el poder adquisitivo de las personas pensionistas. - La asunción en los PGE por parte del Estado de los gastos impropios de la Seguridad Social (incentivos al empleo mediante reducciones de cuota a las empresas, prestaciones asistenciales, ayudas a familias). Con las cotizaciones a la Seguridad Social se deben financiar exclusivamente las prestaciones contributivas.
Mantenimiento como contributivas las pensiones de viudedad. Además, abogando por mejorar la prestación de las personas mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea su pensión de viudedad y se eliminará la discriminación hacia las personas viudas de parejas de hecho.
Las transferencias por parte del Estado para el pago de las prestaciones dejarán de considerarse, como hasta ahora, préstamos a la Seguridad Social a devolver con intereses.
Se fortalecerá la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para luchar contra el fraude con más recursos y medios, materiales y humanos, para garantizar una labor efectiva de control y vigilancia en las obligaciones tributarias y en la normativa laboral.

Desde la plataformade Bailen tendrá como tarea hacer que, con todo nuestro apoyo en la calle, en la movilización, estas propuestas, sin duda altamente positivas, se concreticen en la nueva legislación a desarrollar.

Aun así, valoramos negativamente otras cuestiones porque supondrían un debilitamiento del propio Sistema Público de Pensiones, exponiéndolo a la privatización tan ansiada por el capital financiero:

Se mantiene la jubilación a los 67 años apuntalándola mediante mecanismos como penalizar el retiro anticipado y prolongar la vida laboral con incentivos fiscales, sociales y laborales. Alargar la vida laboral no mejora ni refuerza las contribuciones a la Seguridad Social, sino que empeora la calidad de vida de la clase trabajadora en su edad avanzada y supone un obstáculo para la entrada de jóvenes al ámbito laboral. Nosotras pedimos la derogación de los aspectos lesivos como este reflejados en las sucesivas reformas laborales y de pensiones y el retorno de la jubilación a los 65 años. - Se amplía el período de cotización para el cálculo de las pensiones. En la práctica, supone bajar las pensiones públicas, lo que, unido a la gran precariedad de nuestro mercado laboral, supone el empobrecimiento efectivo de la mayoría de trabajadoras y trabajadores.

Se continúan fomentando los planes individuales de pensiones, aunque se apuesta por recortar las exenciones fiscales. A su vez, se propone incentivar los planes colectivos de empresa que serían aplicados a través de negociación colectiva, y afectarían, de momento, a las situaciones de jubilación, invalidez y fallecimiento, aunque se deja la posibilidad abierta a otras contingencias (desempleo y formación, por ejemplo). Se trata de planes privados de empresa que podrán beneficiar a trabajadoras y trabajadores de grandes empresas, pero no a toda la población trabajadora, y que pierden el carácter de “beneficios sociales” que actualmente tienen en los convenios colectivos. Además, se les dotará con un fondo público específico, es decir, dinero público para bancos, aseguradoras y fondos de pensiones, una clara apuesta por avanzar hacia la privatización del sistema a la que nos oponemos frontalmente.

La Asamblea Bailenense por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, adherida a COESPE y a Coordinadora Andaluza, como hemos manifestado anteriormente, valoramos positivamente el avance que supone estos acuerdos. Exigimos a los sindicatos de clase, en su papel de interlocución, firmeza en las negociaciones, que sean consecuentes en la defensa del Sistema Público de Pensiones. Damos todo nuestro apoyo al grupo parlamentario Unidas Podemos, y a todas aquellas fuerzas progresistas del Congreso confiando en que estará vigilante en el proceso legislativo que se abre ahora para que se vean materializados los avances acordados.

Seguimos en la lucha, oponiéndonos a la privatización de las pensiones públicas en cualquiera de sus modalidades, y apostamos por una reforma del mercado laboral hacia condiciones de trabajo estables y dignas como pilar fundamental de nuestro Sistema Público de Pensiones siendo para ello necesario la aceleración de la derogación de los aspectos lesivos de la reforma laborales y de pensiones. En esta nueva etapa que comienza, tenemos que adaptar nuestras reivindicaciones en la senda de la movilización junto a otros colectivos sociales, políticos y sindicales. Hay que seguir reclamando que las pensiones mínimas se igualen al menos al SMI a fin de reducir la brecha de género y combatir las desigualdades sociales. Por ello es necesario continuar en la movilización para conseguir unas pensiones dignas caminando junto a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.